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| LA REVISTA QUE SE EDITA EN QUINTANA ROO. VARIAS VECES CLONADA |
Cancún, Q.R, Jueves 4 de Diciembre 2014
CONSTE!
LA REPRESIÓN
TIENE PERMISO+ El miedo de Peña Nieto crea la “Ley de Movilidad”, o garrotazos contra disidentes
+ En Quintana Roo fue el primer ensayo; Pedro Canché, sólo un ejemplo de represión
CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
El martes
2 de
diciembre, los diputados federales de
PRI, PAN, PVEM y Panal
aprobaron la Ley General de Movilidad,
que no es otra cosa que darles luz verde
a los gobiernos para reprimir las
protestas sociales.
Los lacayos de siempre actuando
como siempre: contra el pueblo.
Entre ellos, los tres
“representantes populares” de Quintana Roo por el PRI: Raymundo King de la
Rosa, Román Quian Alcocer y Lizbeth Gamboa Song. Ya antes, el 17 de octubre del 2013, asestaron otro duro golpe a sus electores al aprobar el
incremento del IVA de 11 a 16% en las zonas fronterizas.
La de este martes fue un madruguete,
una asonada legislativa que modificó los artículos
11 y 73 constitucionales.
En rigor, la medida constituye
un claro reflejo del miedo y de la incapacidad del gobierno de Enrique Peña
Nieto frente a las crecientes manifestaciones por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la insultante
mansión “Casa Blanca”, casos que han propiciado una ola de indignación en vastos sectores de la población en todo el
país, y aún en el extranjero.
Está claro: la ley del garrote
viene en serio contra los disidentes.
Se ve diáfano: es una
“solución” desesperada y autoritaria de
EPN a falta de medidas eficaces y convincentes.
¿Por qué, si las protestas
masivas han sido pacíficas, viene una respuesta que presagia un indiscriminado y feroz uso de la fuerza pública?.
Se prevé desde ahora que la
mejor manera que tendrán los gobernantes
para garantizar el “respeto” al derecho
a la movilidad de las personas será
mediante acciones represivas. Pisoteado
quedará, oficial y legalmente, el sagrado derecho de todos los mexicanos a
manifestarse libremente.
Por eso hay quienes ven
replicar, en la nueva Ley de Movilidad, episodios
de la dictadura pinochetista en Chile. Así de terrible…
La cuestionada acción de los legisladores federales del PRI y
aliados tuvo un ensayo previo en estados como Quintana Roo, donde el 25 de
marzo un Congreso local domesticado por
el gobierno aprobó la Ley
Antimarchas. Se convirtió así en la primera entidad federativa en regular las marchas en el país.
Ante la ola de inconformidad
que generó en la población, los diputados se vieron forzados a “suavizarla”: el
30 de abril dieron luz verde a la “Ley de Ordenamiento Cívico”, que a pesar de sus
retoques mediáticos implica también un carácter represivo.
Certero, el periodista Julio
Hernández, autor de la columna Astillero del
periódico La Jornada, escribió este miércoles 3:
“No se trata de un arranque ni una ocurrencia. Gobernadores
intensamente deseosos de hacer el trabajo sucio a Los Pinos (Chiapas, Quintana
Roo y Puebla) ya dieron pasos, meses atrás, en la misma dirección, haciendo
aprobar ordenamientos restrictivos de las manifestaciones públicas e incluso,
en el caso de Rafael Moreno Valle, por ello apodado el Góber Bala, propiciatorios del uso extremo de la fuerza pública,
con disparos de armas de fuego incluidos. Ante la crítica reacción popular, en
esos estados se dio marcha atrás o se atenuaron las medidas autoritarias, pero
el ensayo cumplió sus objetivos de presagio”.
Quintana Roo no ha sido la
excepción en cuanto a muestras de repudio popular a Peña Nieto. Sobre todo jóvenes se han
lanzado a las calles y extienden su
activismo a redes sociales. Las
manifestaciones en la vía pública no se habían dado con tanta fuerza en un destino turístico como Cancún, aunque
se han producido en todo el estado.
Personalmente, EPN se percató
de la inconformidad en su contra el
pasado miércoles 26 de diciembre cuando en Playa del Carmen (el segundo polo turístico del estado) un
exagerado aparato de seguridad lo alejó de la gente… y de las protestas.
Recuérdese: perdió en esta
entidad las elecciones presidenciales en 2012 ante Andrés Manuel López Obrador.
Y con ley o sin ley contra disidentes, el gobierno quintanarroense ha
intentado reprimir a periodistas como Sergio Caballero (corresponsal de Proceso), Norma Madero y Agustín Ambriz
(revista Luces del Siglo, varias
veces clonada), Lydia Cacho y Vicente
Carrera (editor del portal noticioso Noticaribe), y a políticos opositores
como Julián Ricalde Magaña y Daisy Baeza Rodríguez, y las diputadas federales
Graciela Saldaña Fraire (PRD) y Alicia Ricalde Magaña (PAN). Contra ellos, por el “delito” de criticar al
mandatario priista Roberto Borge Angulo, se utilizan como armas la desacreditación y el denuesto.
El hostigamiento es grosero en redes sociales, a cargo de un ejército de
“troles” pagados con recursos del erario.
El 25 de noviembre se informó
que la censura oficial alcanzó a la prestigiada periodista Carmen Aristegui,
quien ha criticado acciones del gobierno de Quintana Roo. Su noticiero, la Primera Emisión de la MVS
Radio, dejó de transmitirse por “la
Estrella Maya que Habla”, del municipio maya
Felipe Carrillo Puerto y
propiedad del ex alcalde priista, Sebastián Uc Yam, entregado al poder. Era la
única estación que divulgaba el programa.
También hay casos de disidentes
que permanecen presos o huyendo del estado:
1.- El periodista maya Pedro
Canché Herrera hace ya tres meses que
está preso en la cárcel municipal de Felipe Carrillo
Puerto, desde el 30 de agosto. Lo acusan del delito de “sabotaje”, después de
que del 16 al 19 de ese mes participó en
protestas populares contra el alza en las tarifas de agua potable, que
derivaron en un bloqueo a las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA) del estado. El 24 de agosto, seis días antes de su
detención, grabó un video en el que critica la gestión del gobernador. Pruebas
fabricadas contra el luchador social han caído una a una, se ha demostrado lo
injusto de su encarcelamiento.
2.- El constructor Mario
Esteban González fue obligado a vivir en el exilio. El 18 de septiembre formuló
ante la PGR una demanda contra Borge
Angulo y otros funcionarios como Gabriel Mendicuti, Secretario de Gobierno, y
Gaspar Armando García Torres, procurador de Justicia estatal. Los acusó de
proteger a Sebastián Uc Yam (sí, el “verdugo” de Aristegui), quien no le pagó
9.6 millones de pesos por seis obras públicas que le encargó en 2011. El 7 de noviembre, el propietario de
“Construcciones J.C. Cúbica”, S.A.,
presentó en la Cámara de Diputados federal una solicitud de juicio
político contra el gobernador. Denuncia que “gente armada pretendió
desaparecerme, pues no pudieron hacer que me desistiera en mis acusaciones, y
por eso opté por huir del estado”.
El gobierno de Peña Nieto, a
través de la Profepa, mantiene presos a 16 comuneros de la isla quintanarroense
de Holbox. Se les acusa de “cortar
mangle”, y desde el 24 de julio permanecen en el Cereso de Cancún. Ludivina
Menchaca Castellanos, delegada de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente en el estado, utilizó a la Marina para la aprehensión. El 27 de noviembre, los ejidatarios
obtuvieron amparo federal por “detención ilegal”.
En lo que respecta a la Ley
General de Movilidad, la minuta fue enviada al Senado, donde con mayor
facilidad será aprobada. Hay más control
peñista. Luego deberá ser avalada por al menos 17 congresos locales, por
tratarse de reformas a la Constitución mexicana.
Ya José Luis Toledo Medina,
“Chanito-el hijo del pueblo”, en su calidad de presidente de la Gran Comisión
del Congreso quintanarroense, adelantó el visto bueno a la polémica ley de EPN.
Dijo que incluso, si es necesario, habrá periodo extraordinario. Aquí no hay problema…
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una
vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información
del diario Excélsior y director general de las revistas que fueron de
circulación nacional Quehacer Político y Polémica.
TWITTER:
@cantonzetina
